La entidad ha propuesto un proyecto de ley para definir claramente las criptomonedas en el país. La iniciativa busca establecer un marco legal que distinga entre criptoactivos descentralizados y los emitidos de forma centralizada, que estarían sujetos a regulaciones específicas.
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La ONG Bitcoin Argentina, que agrupa a los principales referentes del sector en el país, ha decidido impulsar un anteproyecto de ley con el objetivo de establecer un marco legal para el uso y las transacciones de criptomonedas. Esta iniciativa surge en respuesta a las nuevas regulaciones del gobierno de Javier Milei, que generaron críticas en la comunidad.
La propuesta realizada por ONG Bitcoin Argentina pretende crear un «entorno seguro» y «transparente» para los cripto usuarios y empresas de la industria.
Según el artículo 1 del proyecto, la ley busca proteger los derechos de las personas a desarrollar, adquirir, poseer, operar y disponer de criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y Ethereum. Estos activos se clasificarían por separado de los activos financieros tradicionales, reforzando la protección de los usuarios independientes que pueden o no utilizar intercambios centralizados.
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Qué dice el texto
«Todas las personas tienen derecho a desarrollar, adquirir, poseer, tener, operar y enajenar, sin restricciones a bitcoin y otros criptoactivos descentralizados y a desarrollar y operar en plataformas descentralizadas de servicios. La ley protege la propiedad y derechos sobre los criptoactivos», señala el texto en su Artículo 1.
La propuesta de la ONG Bitcoin Argentina busca definir claramente las criptomonedas, distinguiendo entre criptoactivos descentralizados, como Bitcoin y Ethereum, que serían considerados «moneda sin curso legal», y criptoactivos de emisión centralizada, como las stablecoins USDC y USDT, que estarían sujetas a regulaciones y obligaciones específicas.
Los activos centralizados implican derechos y obligaciones para los emisores, asegurando protección a los usuarios. Esta clasificación fortalecería la protección a los usuarios y clarificaría las obligaciones legales y regulatorias para ambos tipos de activos.
Además, se plantea la creación de mecanismos de gobernanza y licencias para los activos digitales, con la Comisión Nacional de Valores (CNV) como entidad reguladora. El objetivo es brindar mayor seguridad y transparencia a las operaciones con criptomonedas, alineando la normativa local con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proyecto también incluye la creación de un Registro de proveedores de servicios basados en criptoactivos (PSAV), con 45 empresas ya autorizadas, mostrando una interrupción mínima para la industria.
De aprobarse, esta ley ofrecería por primera vez derechos de propiedad claros para los usuarios de criptomonedas descentralizadas, garantizando una mayor claridad en las obligaciones y regulaciones tanto para las billeteras digitales como para los proveedores de servicios.
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